Los abogados alzamos la voz. Jorge Revenga
Los abogados
alzamos la voz. Por Jorge Revenga
Siempre he
sabido que ser abogado no es fácil, es cierto, pero, cuando comencé a ejercer,
todos los sabios compañeros que me precedieron me dijeron que, con honradez,
estudio y esfuerzo todos llegaban a la meta. Y así llevo 36 años.
Viví tiempos
en los que no éramos demasiados abogados y mi provincia aun no estaba lastrada
por una gestión ineficaz de sus recursos durante décadas. Había empresas
dispuestas a invertir y trabajadores dispuestos a gastar. Eran otros tiempos.
Los compañeros nos ayudábamos y sólo, en escasísimas ocasiones, te cruzabas con
algún abogado díscolo que no respetaba las normas deontológicas. Participé
cuatro años en la Junta de Gobierno del Colegio y puedo decir que suponía,
además de un honor, un importante esfuerzo sin que se obtuviera ningún rédito
personal. Bien al contrario. En otras ocasiones -ya desde fuera de la junta-
puse mi grano de arena en dos congresos: el de Tesoreros de Colegios de Abogados
y el de Escuelas de Práctica Jurídica, celebrados, hace ya bastantes años, en
León.
Entonces, los
letrados -al menos, una inmensa mayoría- veíamos con buenos ojos la labor de los
colegios, de los miembros de la junta, de nuestro Consejo y colaborábamos de
buen grado en cuanto se nos pidiera.
Eran tiempos en que las normas de honorarios -que entonces no estaba prohibido que las hubiera- se respetaban y, mal que bien, todos íbamos luchando para salir adelante siempre con el objetivo de anteponer la defensa de los derechos que se nos encomendaban por encima de cualquier otra motivación. Fueron, sin duda, otros tiempos.
En muy pocos
años -quizás desde 2005- la profesión comenzó a girar de tal forma que hoy en
día es difícil reconocerla. Comenzaron a llegar o a fortalecerse, “grandes”
despachos que ofrecían tarifas de honorarios a las grandes empresas (sobre
todo, compañías de seguros y entidades financieras) tarifas con baremos ridículos con las que sólo se puede sobrevivir a base de volumen de asuntos
-que no de calidad, por cierto-. Se aprobaron muchas normas- acaso demasiadas- en
las que cada vez con mayor descaro las funciones de la abogacía se iban
relegando o compartiendo con otras profesiones, quedando el trabajo de la
abogacía francamente dañado. En el turno de oficio -en el que casi 50.000
abogados se encuentran adscritos- las retribuciones son patéticas por
insuficientes y tardías pues tanto en el Ministerio como las CC.AA. con competencias
de justicia transferidas, pagan con muchos meses de retraso. Hoy en día ya son
varios los fondos de inversión que pilotan despachos de recuperaciones desdibujando
totalmente nuestra función.
En todo ese grave,
permanente y continuo deterioro de esta noble profesión, los abogados de a pie
no hemos visto que el Consejo General de la Abogacía se haya batido el cobre
para la defensa de nuestros intereses. Y, si lo ha hecho -que no lo parece-, no
lo ha sabido comunicar.
Con nuestro sistema
de previsión, La Mutualidad de la Abogacía, se ha destapado una cruda realidad
de la que nunca se informó, encontrándose muchos compañeros con que, cuando
llegue su edad de jubilación, no podrán cobrar, ni siquiera, el importe de
una pensión no contributiva. De las bajas por enfermedad no puede ni hablarse:
el abogado por cuenta propia no tiene derecho a enfermar. Así son las cosas.
Este año 2023,
a las dificultades atravesadas con los parones obligados por la pandemia, se ha
sumado un año completo de huelgas -de LAJs, de jueces, de funcionarios- que
hacen que la continuidad de algunos despachos se haya visto seriamente comprometida.
Con este negro
panorama, no se comprende, cómo los representantes de los abogados, es decir,
sus decanos y las juntas de gobierno de los colegios no estén a brazo partido
intentando resolver estas cuestiones. Nunca se ha visto hasta el momento, mayor
desafección entre los abogados que no conformamos juntas y los que están
dentro. Tengo amigos decanos y diputados. Cuando les traslado estas inquietudes
no saben qué responder. Aunque, un poco ofendidos, no ven con buenos ojos los
movimientos de distintas asociaciones que, al margen de los colegios, hacen en
redes sociales.
Yo ya soy
mayor. No me quedan muchos años para jubilarme. Pero, desde la atalaya que me
da la edad -y quizás porque he estado en los dos lados-, me da la sensación que
tienen más razón quienes gritan desesperados que quienes callan desde sus puestos
representativos. Y me consta que empieza a haber voces discrepantes en los órganos
de gobierno contra un silencio que, tal y como están las cosas, resulta vergonzante.
Quizás no haya
marchas atrás.
Los abogados, que siempre somos la voz de nuestros defendidos hasta etimológicamente hablando,
ahora, más que nunca, alzamos la propia: por nuestros derechos y por los años en
los que hemos estado abandonados a nuestra suerte.
En aras de la brevedad... Bravo!
ResponderEliminarSuscribo al 100%. Y añado: los colegios de abogados pierden su sentido porque la única relación que tenemos con ellos es pagar una cuota. La Mutualidad debería cambiar su nombre y dejar de ser entidad sin ánimo de lucro. Del mutualismo sólo le queda el nombre porque ha dejado de defender los intereses de sus afiliados para defender los de sus dirigentes.
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